MORE

Un Pueblo Olvidado por la Ley

 

El primer indicio de problemas para Tony Mendoza, candidato al Concejo Municipal de la Ciudad de Cudahy, fue un par de tangas enviado  a su esposa, con una nota advirtiéndole que vigilara las espaldas de su marido. Luego vinieron los llamados telefónicos – y las amenazas de muerte. Mendoza, un novato en la arena política en una minúscula ciudad de inmigrantes mejicanos que no ha tenido elecciones desde 1999, había esperado juegos sucios. Pero para su consternación, quien habló por teléfono –en un inglés pobre- todos los días durante tres días, dijo que a Mendoza lo matarían si no abandonaba Cudahy, ciudad de 1,2 millas cuadradas situada a 10 millas al sureste del centro de Los Ángeles. Después del tercer llamado, Mendoza se retiró de la contienda del 6 de Marzo. “Tengo que pensar en mi familia” manifestó. Danny Cota y Luis García debieron afrontar tácticas similares durante su carrera por alcanzar un escaño en el Concejo Municipal, al enfrentarse a una lista de candidatos acomodados en una ciudad infestada de pandillas y drogas. Un camión de García -antiguo empleado municipal – fue pintado con grafittis, y Gerardo Vallejo, ex delincuente y empleado municipal de la ciudad de Cudahy, solicitó una orden de restricción contra García por amenazas. Un juez desestimó la demanda, pero hizo tambalear la campaña de García. A fines de Diciembre, durante una reunión en el City Club en el centro de Los Ángeles organizada por el Alcalde Antonio Villaraigosa, Cota se encontró con Mario Beltrán, concejal por Bell Gardens City, quien se sorprendió al ver a Cota, un maestro de 29 años, codeándose y fotografiándose con su anfitrión y otras personas.

“Un Pueblo Olvidado por la Ley” is a Spanish translation of LA Weekly's Feb. 21, 2007 cover story, “The Town the Law Forgot.”Click here to read the original English version of the article.“¿Quién lo invitó?” preguntó el concejal Beltrán a los presentes, algunos de los cuales son amigos del Vice-Alcalde de Cudahy, Osvaldo Conde, que se postula por la re-elección. “Mejor que tengas cuidado”, le advirtió Beltrán a Cota, el contrincante de ojos brillantes. “Conde se hará cargo de ti con su cuerno de chivo”. Si bien Beltrán  se reía mientras disparaba unas palabras en slang mejicano al hacer referencia a una AK-47, Cota dice que no le gustó esta charla. Un testigo amigo de Cota, Sergio Calderón - Alcalde de Maywood-  manifiesta: “Fue una broma, una broma de mal gusto”. Cudahy es una ciudad chica y rara; temible, dicen algunos. En el año 2003, los dirigentes de la ciudad despidieron al Jefe de Policía del Condado de L.A. – que había custodiado Cudahy durante 14 años por delitos cometidos por pandillas y relacionados especialmente con drogas- para favorecer a una fuerza policial municipal de los alrededores. La misma fuerza que recientemente reaccionara con violencia contra los alegatos públicos de brutalidad policial y comisiones clandestinas a la policía y funcionarios municipales por parte de una compañía de remolques. En Cudahy, la DEA ha secuestrado en los últimos cinco años una cantidad de cocaína casi 20 veces mayor que en Bell, ciudad fronteriza de similar tamaño, y padece de mayores delitos por cabeza que las localidades de los alrededores. Es una ciudad con 200 miembros activos integrantes de pandillas, donde las balas son comunes aunque los homicidios son raros –es decir, hasta los 11 asesinatos acontecidos como consecuencia del alejamiento del jefe de policía en el 2003. Los dirigentes de Cudahy parecen satisfechos. Piensen en la sorda reacción de George Pérez, Jefe Municipal de la Ciudad de Cudahy, cuando a principios de Febrero, el Canal 4 de la KNBC y La Opinión, diario de habla hispana, dieron a conocer que la ciudad de Maywood, que en la actualidad tiene un contrato de 2 millones de dólares anuales para custodiar Cudahy, enfrentaba una intervención estatal porque su departamento de policía –el Departamento de Policía de Maywood-Cudahy, está fuera de control. “Los problemas de la policía en Maywood no tienen nada que ver con nosotros”, dijo Pérez. “Nuestro concejo municipal está feliz, y nuestros ciudadanos también”. Cudahy se parece más a un pueblo de la frontera con México que a un suburbio de Los Ángeles. Pandillas atrincheradas y traficantes de drogas mejicanos han atrapado a una clase trabajadora de inmigrantes legales e ilegales en un ciclo de violencia y miedo, en una ciudad donde menos de la cuarta parte de sus 28.000 habitantes están capacitados para votar. Un concejo municipal inculto, una fuerza policial con profundas dificultades importada de Maywood, y el crudo poderío de la Pandilla de la Calle 18 (18th Street Gang) – compleja organización criminal con un talento natural para erigir fachadas comerciales a fin de tapar sus actividades clandestinas producto del tráfico de drogas – hacen que los habitantes de Cudahy parezcan rehenes en su propia ciudad.  Por lo que dicen todos, los miembros del Concejo de la Ciudad de Cudahy – dos jefes de sindicato jubilados, un vendedor de seguros, una camarera y un almacenero- no gobiernan la ciudad como se supone que fueron elegidos para hacerlo. En  cambio, delegan su poder en el Jefe de la Ciudad Pérez, un ex portero conocido por propiciar trampas a los contribuyentes como en los puntos de inspección por Conducción Bajo Estado de Ebriedad o Drogas y las licencias de conducir por encima de las tácticas agresivas que incomodan a las pandillas y vendedores de drogas. En el año 2001, la Oficina del Fiscal del Distrito de Los Ángeles, convocó un Gran Jurado para investigar si Pérez había violado las leyes penales por conflicto de intereses. La investigación surgió de sus acciones como concejal de la ciudad cuando, después de votar una ordenanza que elevaba a un año el período de espera entre un puesto político y otro, Pérez renunció al concejo y fue rápidamente nombrado Jefe de la Ciudad, el cargo mejor pagado de todos. Según los memos de los fiscales y las cartas obtenidas por L.A.Weekly, la Oficina del Fiscal se vio obligada a dejar caer la investigación después de concluir que “no se pudo comprobar la violación” de las leyes estatales “más allá de toda duda razonable”. Conocido como un despiadado jefe político, Pérez no compite en la carrera para el concejo municipal en las próximas elecciones del 6 de Marzo, pero es merecedor de escrutinio. Después de todo, él es quien decide en Cudahy. Pérez se encoge de hombros ante los argumentos de juego sucio en el camino hacia la campaña, o la posibilidad de que sus acólitos estén involucrados. “Hablé con Mendoza”, dice al referirse a las amenazas de muerte que dejaron afuera de la competencia al posible candidato.  “Se disculpó por haber hablado mal de mí”. Desde su rápido ascenso como miembro del concejo a Jefe de la Ciudad en el año 2000, el sueldo de Pérez aumentó de 30.000 a 120.000 dólares –más de lo que la mayoría de los habitantes gana en un año. Mientras tanto, los problemas de la ciudad permanecen: la pobreza, la densidad, las pandillas y las drogas. Un tercio de los habitantes son menores de 14 años –una población vulnerable. Un día de Noviembre, frente a la Municipalidad de Cudahy, Erica -16 años- lo resumió de esta forma: “Es una ciudad chica, por lo tanto todo está cerca. Pero es fea, y hay disparos”. Víctor, 16 años, un estudiante ejemplar que juega al football para la Universidad, participa en carreras de atletismo y trabaja part-time, dice: “Algunas calles se parecen demasiado a un ghetto. Hay mucha violencia. Mi madre ha estado asistiendo a reuniones de la comunidad sobre este tema, pero todo siempre parece estar igual”. A Víctor le gustaba más donde vivía antes con su familia: en Compton, uno de los lugares de L.A. que es célebre por sus áreas conflictivas. “Debería haber más policía aquí en Cudahy. Los chicos no juegan en la vereda. La gente no se siente segura”. Con sus estrechas y profundas parcelas –resultado de un antiguo pasado agrícola- el exceso de descuidados edificios de apartamentos y la falta de crecimiento económico, Cudahy ofrece un buen ejemplo de cuán atraídos se sienten los carteles de la droga mejicanos, la mafia mejicana instalada en la cárcel y las pandillas como la 18th Street, por este caos industrial adyacente a Los Ángeles y poblado de inmigrantes pobres. Estos elementos del delito, ¿influyen en la dirigencia de Cudahy, con funcionarios municipales que responden a intereses distintos a los del público o del ejercicio de la ley, en un pueblo custodiado por la conflictiva fuerza policial de otro pueblo? La respuesta es desconocida. Ni la DEA o el FBI pudieron establecer conexión alguna entre los funcionarios de la ciudad y las fachadas comerciales erigidas dentro del mercado ilegal de la droga que moviliza 65 billones de dólares en los Estados Unidos.  Más allá del delito callejero, detrás de escena, los grupos financian túneles fronterizos y mantienen otras vías de tráfico de drogas que han ayudado a hacer del Sur de California, el centro de distribución de droga de mayor intensidad en los Estados Unidos. ¿Quién responde en la actualidad a ello? Las personas que tienen a su cargo el cumplimiento de la ley en las ciudades locales están sumamente atareadas con la violencia de los delitos callejeros. Los funcionarios locales que hablaron en forma anónima con el Weekly dicen que están ocupados con tres grupos criminales: los traficantes, que no siempre están involucrados con las pandillas; la mafia mejicana, que puede estar involucrada tanto con las pandillas como con los carteles de la droga; y las pandillas como la 18th Street, que se especializan en el transporte y la distribución de la droga, el lavado de dinero y en abrirse camino a la fuerza.    Algunos policías dicen que no confían en que los federales puedan limpiar la casa a nivel cívico, donde los traficantes cuentan con frentes de distribución, negocios de lavado de dinero y la corrupción a nivel de quienes están a cargo del cumplimiento de la ley. “Se escucha toda clase de mierda escandalosa”, manifiesta un veterano detective local. “Pero los agentes federales no conocen las calles para imaginarse lo que está pasando. Cuentan con nosotros”.   La agente de la DEA Sarah Pullen comenta que el tráfico de drogas “ha avanzado dentro de la sociedad” a través de los negocios realizados con dinero en efectivo y las transacciones inmobiliarias por un lado y los líderes cívicos electos con intereses en ambos, por el otro.  “El sudeste del Condado de los L.A. siempre ha estado sumamente involucrado en todo tipo de tráfico de drogas”, dice Pullen, quien anduvo detrás de las operaciones con base en Cudahy en seis de los 12 casos acontecidos en los últimos años. Cuando L.A. Weekly le preguntó por qué a Cudahy se la ha estado relacionando con tanta frecuencia con grandes operativos antidroga desde 1980 hasta la actualidad –habiéndose secuestrado a veces hasta 500 libras de cocaína en una oportunidad- Pullen dice que su agencia no sigue la pista de los secuestros de droga por ciudad, sino a nivel de las organizaciones, que no están circunscriptas a cuestiones limítrofes. Pero después de investigar un poco, Pullen pudo determinar que desde 2002 hasta 2007, la DEA secuestró 27,5 libras de cocaína en Bell, localidad vecina a la ciudad de Cudahy, y que durante el  mismo tiempo, secuestró 486 libras de cocaína en Cudahy, 17 veces más que en Bell. En la mayoría de los casos, manifiesta Pullen, las pandillas y los traficantes van donde se sienten más cómodos. Y advierte, “Una vez que se convierte en un tema de drogas y dinero, se lo pasamos al FBI. No tenemos las herramientas para conectar todos los puntos”. Por su parte, el FBI no confirma las investigaciones por corrupción pública, mucho menos si estas investigaciones tienen que ver con el tráfico de drogas o el lavado de dinero. Ante la pregunta, la agente del FBI Laura Eimiller contesta sin pensar, “No puedo hablar sobre ese tema. Podría comprometer otras investigaciones en progreso”. Un mundo de altibajos de política de pueblo chico ha venido a definir a estas ciudades plagadas por la droga y las pandillas, amontonadas alrededor de la autopista 710: Bell Gardens, Cudahy, Huntington Park, Lynwood, Maywood y South Gate, entre otras. En décadas recientes, el cambio demográfico de la clase blanca trabajadora a mejicanos y centroamericanos hizo que los inmigrantes y sus hijos e hijas comenzaran a ganar poder político. Ahora, la mayoría de los funcionarios electos reflejan la mayoría de población latina. Pero las altas tasas de desempleo, la inmigración ilegal y un laberinto de autopistas, paradas de camiones y áreas industriales –a solo medio día de automóvil de México- han contribuido al surgimiento de activas áreas de tráfico de drogas, desertización y violencia. A los habitantes, ilegales en su mayoría o demasiado jóvenes para votar, se les hace duro. Algunos habitantes de escasos recursos han recibido represalias o violentas amenazas como respuesta a las quejas planteadas a las autoridades o después de haber descubierto actividades sospechosas en su cuadra. En Cudahy, una persona que persistió con los reclamos, recibió la visita de la policía –una especie de advertencia pública que alerta a los traficantes de drogas sobre su identidad y que puede terminar con el saqueo de sus pertenencias. “Esto empeora cada vez más”, dice un policía local, reconociendo que las amenazas criminales son tan comunes que la policía se ve en apuros para investigarlas. En contraste con la vulnerabilidad del habitante promedio de Cudahy, los empresarios que manejan dudosos negocios reciben un tratamiento preferencial de los políticos que sería considerado escandaloso en la ciudad de Los Ángeles. El Potrero Club de Cudahy es uno de los varios imanes para el delito que recibe la frecuente visita de gángsteres y que, sin embargo, goza de la aceptación de las autoridades de la ciudad. Célebre rincón nocturno sobre el que los padres advierten a sus hijos de mantenerse alejados, el Potrero Club ostenta el largo record de haber sido escenario de robos, asaltos y actividades relacionadas con la droga. Los funcionarios en Cudahy promueven abiertamente este imán para el delito, al tiempo que lo utilizan para recaudar fondos para la Fundación Juvenil de Cudahy e incluso como punto de reunión anual para la procesión de Navidad organizada a beneficio de los niños. Cudahy ha caído tan bajo, que cada año en esta época, Pérez y los miembros del concejo municipal desfilan por el pueblo subidos en la parte de atrás de un camión remolque, distribuyendo golosinas entre los niños, para finalizar la procesión con la entrega de un regalo en el Potrero Club, cuyos dueños han exhibido fotos en el pasado no precisamente de las estrellas de cine de Hollywood, sino de famosos traficantes mejicanos. Las estadísticas del delito para el Potrero Club muestran 700 llamados de asistencia policial desde Septiembre del 2003, en respuesta a tiroteos, asaltos, apuñalamientos, golpizas por parte de los guardias de seguridad, uso de drogas –e incluso violaciones. A los dirigentes de la ciudad no les parece extraño que un peligroso night club sea considerado como pilar cívico de Cudahy. Los automóviles desaparecen del Potrero Club con alarmante rapidez, según los informes policiales obtenidos por el Weekly. Ante la pregunta sobre el uso del Potrero para eventos oficiales, Pérez dice, “No es mi lugar favorito, pero continuaremos utilizándolo”. Incluso antes de las recientes amenazas proferidas contra los advenedizos candidatos del Concejo Municipal de Cudahy, la política y la violencia ya se desangraban juntas en los suburbios inmigrantes con conflictos similares de los alrededores. El extensamente publicitado caso del concejal en South Gate que fue baleado –sin consecuencias mortales- por un agresor desconocido en 1999 marcó el principio de una era de brutalidad. Poco después, la policía investigó al alcalde de la vecina ciudad de Bell Gardens por un presunto intento de atropellamiento contra un ex miembro del concejo. El ex Tesorero de la Municipalidad de South Gate, Albert Robles, habría amenazado presuntamente con violar y asesinar a sus opositores políticos. No se presentaron cargos por estas amenazas, pero Robles fue condenado por soborno y enviado a prisión. En Enero de este año, un candidato al concejo municipal de Huntington Park informó a la policía que había recibido “amenazas terroristas” en la calle por parte de tres hombres vestidos de negro que huyeron en un lujoso automóvil. Algunos políticos mejicano-americanos defienden el lado oscuro de estas conflictivas ciudades, atribuyendo el caos a la falta de experiencia de los funcionarios latinos que llegaron al poder gracias a los cambios demográficos. “Así como una madre nunca da a luz a un hijo criminal, tampoco se elige un  político con intenciones criminales”, dice Rosario Marín, ex Tesorera de los EE.UU. y ex Alcalde de Huntington Park, quien fuera perseguida y aterrorizada por agresores desconocidos, mientras su ciudad se debatía ante la violencia de las pandillas, el tráfico de drogas y las investigaciones federales. “Tengo que creer eso”, agrega Marín, destacada republicana de California con estrechos vínculos con el Gobernador Arnold Schwarzenegger, quien la designara secretaria de la Agencia de Servicios del Consumidor del Estado. “Sin embargo me duele ver cómo se corrompe la gente”. Frente a un patrón tan alarmante, el Fiscal del Distrito Steve Cooley se distinguió de sus antecesores por combatir la corrupción pública en el Condado de Los Ángeles – con resultados diversos. Algunos dicen que las sentencias que consiguió contra los funcionarios en Compton y South Gate fueron bajas y que Cudahy consiguió liberarse de él. Tres son los abogados que han estado siempre presentes en Cudahy y las ciudades vecinas y que, con el correr de los años, han ido mezclando la ley municipal con el lobbismo con grandes repercusiones. Arnoldo Beltrán, Francisco Leal y David Olivas han ganado una pequeña fortuna representando a ciudades asediadas por el escándalo. Actualmente, Oliva representa a Cudahy y Leal a Maywood, y ambas ciudades comparten una fuerza policial que es un caos total.   Quizás primero entre las muchas controversias en las que se han visto envueltos estos abogados, se encuentren los alegatos investigados en una historia publicada por L.A. Times en 1999 donde Beltrán, abogado educado en Stanford, y Leal, graduado de la Escuela de Leyes de Harvard y criado por inmigrantes en El Paso, amenazaban con iniciar campañas de destitución contra los funcionarios electos en Lynwood, Commerce y Bell Gardens si éstos no votaban a favor de retener los servicios legales de ambos. Beltrán y Leal, antiguos socios en una ahora extinta firma de abogados que también incluía a Olivas como asociado, negaron los alegatos en ese momento. Beltrán no quiso hacer comentarios para dicho artículo. Leal no devolvió los diversos llamados que se le hicieron. Pero se verían en apuros para negar que su experiencia política les hiciera ganar una reputación como influyentes consejeros de muchas ciudades pequeñas. En 1999, la firma se disolvió y Leal y Olivas se marcharon para formar Leal, Olivas & Jáuregui, bufete que representara a la ciudad de Cudahy en el año 2000 cuando Pérez hizo su movimiento, de concejal a Jefe de la Ciudad ayudado por una serie de ordenanzas pergeñadas por David Olivas. El resultado de la investigación del Gran Jurado no condujo a cargos criminales pero dejó una marca permanente sobre la ciudad. Menos de un año después, en Bell Gardens, Beltrán redactó un proyecto levemente diferente pero con el mismo efecto: promover a María Chacón de su cargo de concejala al de Jefe de la Ciudad. Esto tuvo graves consecuencias. Los investigadores de la Oficina del Fiscal de Distrito allanaron las oficinas de Beltrán en el año 2001 con relación a una investigación sobre Chacón, a quien luego acusaron penalmente de incurrir en conflicto de intereses. Beltrán contrató al célebre abogado defensor Mark Geragos, pero su nombre no fue mencionado en la investigación ni se le imputaron cargos penales.      Chacón pasó los próximos siete años defendiéndose de los cargos, bajo el argumento de que Beltrán le había dicho que estaba bien votar una ordenanza que le permitiera cambiar de cargo. Recientemente la Suprema Corte del estado rechazó su defensa, allanando el camino para que la Oficina de Cooley la llevara a juicio. Los métodos de Beltrán, Leal y Olivas dejaron una marca en su antiguo socio Jesse Jáuregui quien rompió todos los vínculos con el grupo en el año 2001. Jáuregui tiene esto – y sólo esto – que decir de sus antiguos colegas: “Estoy satisfecho de haber dejado de ser parte de esta política al estilo de Tammany Hall. No sé cuán lejos pueden llegar. Se ha convertido en una situación lamentable”. La maniobra legal que condujo a un nuevo liderazgo en Cudahy fue parte de una estrategia mayor, dice la ex concejala Araceli González, hija de inmigrantes mejicanos. “Fueron muy francos”, dice González al referirse a los abogados que asesoraron a Cudahy y Bell Gardens. “Le estuvieron diciendo a la gente que iban a hacerse cargo de estas ciudades y colocar a los latinos en el poder”. Olivas, ahora dueño de su propio bufete mientras ostenta dos cargos –abogado de la ciudad de Cudahy y concejal de Baldwin Park- argumenta que el movimiento para consagrar a Pérez como Jefe de la Ciudad tenía que ver con la auto-determinación de los latinos, y que un cambio de dirigencia en las pequeñas ciudades al sudeste del Condado de L.A. iba a servir para mejorar las cosas. “La gente estaba cansada de ser gobernada por extraños”, dice Olivas. “Esta era gente de Cudahy, y para Cudahy”. Pero, a partir de ese momento de conmoción, ciertas acciones llevadas a cabo por los funcionarios de Cudahy han provocado algunos cuestionamientos con relación a si realmente están actuando en favor de los mejores intereses del público mientras Maywood pelea para controlar la fuerza policial que ambas ciudades comparten. Cerca del centro de Cudahy, una espesa neblina que sobrevuela sobre la autopista 710 hace apenas visible la línea del horizonte de Los Ángeles por encima de una superficie de patios de rieles, contenedores de almacenamiento, estaciones terminales y vehículos de fletes. Los carteles luminosos de los casinos y clubes de strip-tease y una maraña de cables de electricidad desordenan los cielos que rodean este sombrío pedazo de autopista. Las ciudades alrededor de la autopista 710 –vía de escape desde el Puerto de Long Beach hacia el resto del país- son tan pequeñas que comparten las salidas de la autopista. Los graffitis están pintarrajeados en los viaductos, las señales de salida y las riberas de hormigón del río Los Ángeles, avisando a los visitantes que están por entrar en la tierra de las pandillas. Los mugrientos centros comerciales, los negocios de carrocerías y los tugurios de fast-foods son un signo más de la pérdida de prosperidad. Cudahy, la ciudad más pequeña, pobre y violenta de todas ellas, se siente como un lugar olvidado por la ley –sentimiento que se hace más intenso a lo largo de la calle Santa Ana, donde un gran “18” aparece pintado con spray sobre una casilla de teléfono en uno de los extremos de la cuadra, y otro gran “18” pegado en el otro extremo – sobre un contenedor de basura- nada menos, en la Municipalidad de Cudahy.  El edificio de la Municipalidad es una estructura ilegal de ladrillo ubicado en un rincón remoto de la ciudad limitada por el río Los Ángeles y próximo a un parque desolado, una escuela y un proyecto de cancha de basketball plagada de malezas con una leyenda que dice “Inauguración Otoño 2006”. En su interior, el Jefe de la Ciudad George Pérez se sienta detrás de su escritorio escuchando a Frankie Valli y las Cuatro Estaciones en su iPod. Las paredes están adornadas con sus fotos y las de su Chevy Impala modelo 64, con una matrícula que dice “2 Cudahy”. Pérez, de aspecto regordete y  cabello negro que cubre su cabeza como un casco, es temido y amado en Cudahy por igual. Le gusta decirle a la gente que “tiene a la ciudad bajo candado”. Este cuarentón es el prototipo del jefe político mejicano-americano –sólo que no le gusta que se lo digan. Pérez, que luce el tatuaje de una T entre sus dedos pulgar e índice, se defiende: “Esto no tiene nada que ver con la política mejicana”. Se niega a discutir sobre el tatuaje o a hablar demasiado sobre otro que tiene en la pierna –del sello oficial de la Municipalidad de Cudahy. “No soy mejicano; soy de aquí”. Pérez se está preparando para la elección de Marzo aunque no se presenta como candidato. Sabe que dos candidatos novatos andan por allí, escuchando las quejas de los pobres inmigrantes, inquilinos y propietarios sobre el temor de caminar por las calles durante la noche, o no tener un lugar decente donde hacer las compras, y cómo las otras ciudades se burlan de Cudahy, llamándola “Crudahy”. “Nunca tuvimos un servicio público tan bueno en esta comunidad”, insiste Pérez. “Hemos derribado las barreras contratando más personal bilingüe. Tengo una política de puertas abiertas. Mi esposa y yo crecimos aquí y entendemos a las familias desvalidas.” Treinta años atrás, Pérez trabajada como portero, “sacando la mierda de los baños”, dice con amargo orgullo. En la actualidad, es dueño de cuatro parcelas en Cudahy y recientemente ha comprado una casa de 700.000 dólares en Hacienda Heights, en el valle de San Gabriel, donde vive la mitad del tiempo. Además del Impala, que conserva en muy buenas condiciones, se pasea en un BMW convertible, lujo que se pudo dar gracias a su salario anual de 120.000 dólares además de una remuneración mensual de 600 dólares – honorarios inusualmente altos para actuar como delegado en el directorio de una de las tres compañías abastecedoras de agua en Cudahy. Cómo llegó hasta aquí es todavía un tema polémico en Cudahy. Igual que en Bell Gardens, en el año 2001 los investigadores allanaron la Municipalidad de Cudahy y la casa de Pérez, buscando pruebas de haber violado las leyes penales por conflicto de intereses tras haber respaldado la maniobra que lo condujo de concejal a Jefe de la Ciudad en el mismo día. Según las declaraciones juradas y los memos de la Oficina del Fiscal del Distrito Steve Cooley obtenidas por el Weekly, los empleados de Cudahy fueron presionados para utilizar el mismo bufete legal que representara a Pérez durante la investigación. (Asombrosamente este bufete era dirigido por el mejor amigo de Cooley, el ex Fiscal del Distrito Robert Philibosian). Una de las cláusulas en el documento que los empleados municipales fueran obligados a firmar, decía en parte: “Una ventaja de utilizar un solo bufete legal en un asunto penal puede ser la de contribuir a garantizar una postura en común y aumentar la probabilidad de que ninguno de los clientes cooperará con la fiscalía”. Otros funcionarios de la ciudad, luego denominados como objetivos, también contrataron prominentes abogados a expensas de la ciudad. El resultado fue una defensa de “cerrojo” que costó a los contribuyentes de Cudahy 1 millón de dólares en honorarios legales. Las consecuencias no han sido las prometidas por el optimista Pérez. Algunos de sus críticos más duros – los delegados de la Policía de L.A. que trabajaron en Cudahy – lo acusan de haber buscado una despiadada compañía de camiones remolque para llevar los automóviles secuestrados por delitos menores y así engrosar las arcas de la ciudad. Los propietarios lo acusan de ser rápido para multarlos por violaciones leves a la ley de construcción, al mismo tiempo que la principal galería comercial de la ciudad se sume en la ruina. El Detective de la Policía de L.A. Raúl Gama patrulló Cudahy a mediados de los 90, intentando erradicar las pandillas. Afirma que las incursiones y barridas del Departamento de Policía, dirigidas a atrapar a los miembros de las pandillas que habían violado la libertad bajo palabra o la libertad condicional y volver a encarcelarlos, redujeron los delitos relacionados con las pandillas en un 35%. Gama describe sus interacciones con el entonces concejal Pérez como “el juego del gato y el ratón”. Dice que Pérez prefería que Gama concentrara su trabajo en los puntos de control de vehículos, hecho que posibilitaba que la municipalidad cobrara multas por secuestro de automóviles cuando prendía a los inmigrantes ilegales principalmente por no tener sus licencias de conducir. “Yo tenía un problema con esta cacería de gente“, dice Gama. “No era el mejor uso de nuestros recursos”. Más adelante, como Jefe de la Ciudad, Pérez eliminó puestos de trabajo, concentrando el poder en su despacho, de acuerdo a los memos de la municipalidad obtenidos por el Weekly. Después de una discrepancia con un miembro de la Cámara de Comercio, dejó de pagar las contribuciones que durante mucho tiempo la municipalidad venía efectuando al organismo, provocando que sus miembros se retiraran de Cudahy, hecho que contribuyó a la desorganización de  la comunidad comercial de la ciudad. El Comisario de la Policía del Condado de L.A. Miguel Mejía, que trabajó varios años en Cudahy, dice que siempre se sentía desconcertado por la obsesión de Pérez por ejercer su poder mientras ellos luchaban una batalla ascendente contra las pandillas y los traficantes de droga que, afirma, parecían tener una línea secreta con la Municipalidad de Cudahy. Mejía dice: “Traíamos helicópteros, una unidad especial para combatir a las pandillas. Creo sinceramente que sentían nuestra presencia”. Pero continúa, “si sospechábamos que alguien cometía un delito, teníamos que ocultarlo”. Entrevistas realizadas con dos ex funcionarios de la Municipalidad de Cudahy que solicitaron permanecer en el anonimato, confirman que parte de  su trabajo era informar a la Municipalidad sobre las actividades de la policía, y con quiénes hablaban. Las actividades que generaron los ingresos de Pérez rindieron –en cierta medida. Las reservas de la ciudad ascendieron a los 3,8 millones de dólares en el 2006 –una reserva inusitadamente alta para cualquier ciudad de California con un presupuesto anual de 8 millones de dólares. Sin embargo, se acumularon las cuentas no canceladas. El Weekly ha examinado el correo electrónico interno de los empleados de la municipalidad advirtiendo que las compañías encargadas de reparar los caminos estaban amenazando con enviar a la ciudad “al cobro” y recordándole a Pérez que se habían informado gastos de nómina para empleados que ya no trabajaban en la municipalidad. A pesar de las abultadas reservas de la ciudad, se quedaron debiendo 245.000 dólares del contrato con la policía, según una carta fechada el 20 de Junio de 2006, que el ex Abogado de la Ciudad de Maywood, Cary Reisman, dirigiera a Pérez. Una decisión tomada en el año 2003 demuestra dónde estaban las prioridades de la ciudad –y pueden comenzar a explicar por qué los actuales conflictos de la policía de Maywood no pueden separarse fácilmente de Cudahy. Pérez y el jefe de policía ya habían estado enfrentándose durante años, pero tres años atrás, Pérez se movilizó para echar a dos compañías de camiones remolque locales con las que el Departamento de Policía había estado trabajando durante mucho tiempo. Pérez quería favorecer a Maywood Club Towing, dándole acceso a información delicada, según las palabras del Sargento Rubén Martínez del Departamento de Policía de L.A. “Durante años te manejas con dos compañías que están ubicadas justo en tu ciudad y de pronto, ¿tienes que lidiar con una compañía con la nunca trabajaste antes?” pregunta Martínez. “No nos sentíamos cómodos con eso”. Para no ser combatido por el Departamento de Policía, Pérez buscó otra agencia para custodiar Cudahy – y a Maywood, a pesar de no compartir límites con Cudahy, le gustó la idea ganar 2 millones de dólares anuales, con lo cual podría duplicar el tamaño de su pequeña fuerza policial. Pérez dice que este movimiento no tuvo nada que ver con una querella de camiones remolque. Deshacerse del contrato del jefe de policía fue un acto bizarro. Los reportajes realizados a la policía local y una revisión de los informes de órdenes de registro del año 2006 confirman que Cudahy – la totalidad de su superficie de 1,2 millas cuadradas- es un semillero del delito, aún cuando la policía de Maywood trabaja horas extra para patrullar la ciudad. En Abril, los agentes federales secuestraron  armas automáticas y 270 libras de marihuana y tras algunas intervenciones telefónicas pudieron atrapar a unos sospechosos asentados en Cudahy, discutiendo planes para comprar y vender “20 o 30 libras” de metanfetamina y grandes cantidades de cocaína. “El Departamento de Policía es una organización grande y profesional”, dice el ex Abogado de Cudahy Michael Colantuono, que fuera despedido por Pérez. “Pero el Jefe de la Ciudad no tiene tanto control sobre el Departamento de Policía…el jefe de policía no protegerá a tus amigos o castigará a tus enemigos”. Junto con el Departamento de Policía de Maywood vino Maywood Club Towing. Surgió un lío –al menos en Maywood, que la semana pasada derivó en escándalo.  El 13 de Febrero, bajo una gran presión de la comunidad, el Concejo Municipal de Maywood votó en forma unánime para solicitar a Jerry Brown, Procurador General de California, que investigara las supuestas comisiones pagadas a los policías de la ciudad y funcionarios municipales por Maywood Club Towing, así como también las demandas de abuso sexual y racial elevadas contra la policía. Entre las acusaciones se encuentra el hecho de que los policías de Maywood volaban a Las Vegas, por cortesía de la compañía de camiones remolque, obteniendo habitaciones gratis y los servicios de prostitutas. Un vocero de Brown dijo el martes que el procurador general diferirá el caso al Abogado del Distrito Cooley, quien anunció el viernes pasado haber iniciado una investigación penal de los funcionarios y la policía de Maywood. En el pasado mes de Agosto, el oficial de la policía de Maywood Alfred Hutchings recibió unas cartas anónimas en su despacho de la Universidad de Chapman, donde se desempeña como profesor de ética part-time.  Las cartas, cuyas copias obtuviera el Weekly, fueron aparentemente escritas por un soplón del Departamento de Policía de Maywood y contienen descripciones gráficas de policías cometiendo abusos raciales y sexuales gracias a la protección que obtenían si alcanzaban el cupo establecido por secuestro de vehículos. Las cartas también acusaban a dos miembros del Concejo Municipal de recibir comisiones de Maywood Club Towing. Hutchings entregó las cartas al Jefe de la Policía de Maywood, Bruce Leflar, que en Noviembre designó a Hutchings para dirigir la unidad de standards profesionales del departamento. Pero en el término de una semana, Leflar se retiró bajo prescripción médica –según un e-mail interno del Teniente Paul Pine quien, en su nuevo carácter de policía de mayor rango, no tardó en despedir a Hutchings. Las cartas afirmaban que Pine vivía en Maywood en un departamento cedido gratuitamente, cuyos dueños eran los dueños de Maywood Club Towing, y que los funcionarios de Maywood, Pine incluido, habían abandonado trabajos previos bajo la presión de sus superiores. Según el abogado especializado en los derechos civiles Tom Barham, el nuevo jefe de policía a cargo –Richard Lyons- fue promovido desde su cargo de sargento de patrulla sin ningún tipo de experiencia o entrenamiento en  jefaturas, después de dejar trabajos con la Policía de Santa Ana Park y la ciudad de El Monte. “No es ningún Audie Murphy,” manifestó Barham  ante una abarrotada audiencia en el Concejo Municipal de Maywood el martes pasado. Últimamente, el Sargento Enrique González, vínculo oficial del Departamento de Policía de Maywood con Cudahy, persistió en sus declaraciones ante el Weekly, de que los alegatos “tienen que ver solamente con Maywood.  Los ciudadanos de Cudahy nos quieren allí. Colaboran con nosotros”. En los últimos meses el Weekly hizo numerosas visitas al Departamento de Policía de Maywood para recoger estadísticas criminales de Cudahy y averiguar sobre la seguridad pública. Durante una de nuestras visitas, en Enero, el jefe a cargo Lyons se negó a discutir el contrato policial con Cudahy o lo que tuviera que ver con el mantenimiento del orden o la seguridad pública, refiriendo todas las preguntas al nuevo Abogado de la Municipalidad de Maywood, Francisco Leal, ex miembro de Leal & Olivas. (El antiguo socio de Leal, David Olivas, trabajó como abogado de la Municipalidad de Maywood hasta el año 2004). El Weekly ha intentado comunicarse con Leal varias veces pero éste no ha respondido. ¿Por qué Cudahy quería a la policía de Maywood y a Maywood Club Towing en primer lugar, y por qué el Jefe de la Ciudad de Cudahy Pérez está satisfecho con ellos a pesar de todos los problemas? El Weekly confirmó con Pérez que varios de los funcionarios nombrados en las cartas anónimas dirigidas a Hutchings han custodiado las calles de Cudahy, incluyendo el actual oficial que conduce una motocicleta llamado Florencio Mesa. Mesa ha sido acusado públicamente de mala conducta sexual y es conocido como un prolífico escritor de multas, con hasta 100 confiscaciones de automóviles por mes, lo que hace un total de $ 100.000 dólares de ganancias para la municipalidad, conforme a las cartas. Pérez reconoce las proezas de Mesa con las multas pero dice que los alegatos en su contra “son inusitadas”. Pérez dice que en Cudahy la gente no tolera el mal comportamiento de la policía. Pero algunos habitantes se sienten muy disconformes con el trabajo que la policía de Maywood está llevando a cabo en Cudahy. Tres meses atrás, Joseph García, de 15 años, fue muerto de un disparo en la calle Santa Ana, a  menos de 100 yardas de la Municipalidad de Cudahy. Pérez se encontraba en el lugar cuando llegó la policía, y recibió una amonestación del padre de García –según las fuentes policiales- culpándolo de la muerte de su hijo, y que no era suficiente tener a la policía de Maywood custodiando las calles. Cuando le preguntaron a Pérez qué pensaba sobre la reacción de este padre, contestó despectivamente: “La gente siempre está buscando a quién culpar”. Dos semanas después, con los habitantes aún conmocionados por el asesinato ocurrido cerca de la Municipalidad, una reunión sobre Vigilancia de Vecindarios congregó a 200 personas –pero nunca se discutió el crimen. En cambio, Pérez presidió un acto surrealista animado con cánticos de “feliz cumpleaños”, rondas de aplausos para quienes habían sido padres por primera vez, lanzamientos de ventas de Herbalife y New York Life, y sorteo de regalos.    Durante dos horas, nadie mencionó el asesinato del adolescente Joseph García, ni la violencia callejera. El asunto más importante que surgió fueron las colisiones por alta velocidad. “Así es cómo George lo hace”, dice el Sargento de Policía Martínez. “Los convence acariciando mascotas y besando bebés”. Pérez estimula a su gente a contarle los problemas, pero una mujer fue demasiado lejos y sus quejas terminaron con una indeseada visita de la policía de Maywood y el auto destrozado. Después de la extravagante reunión de Vigilancia de Vecindarios de Noviembre pasado, la mujer le recordó a Pérez que él le había aconsejado llamar a la policía con relación a unos muchachos que vagabundeaban afuera de su departamento, un olor químico que ella pensaba estaba relacionado con las drogas, y gente extraña en autos veloces que corría sospechosamente dentro del edificio. Después de la queja presentada a Pérez, la policía golpeó con fuerza a la puerta de su casa ante la vista de todos en ese lugar. Entonces, alguien rayó su auto con una llave. Ella tuvo miedo de dejar que sus hijos se quedaran en la vereda después de este hecho. Pérez la escuchó atentamente, mientras la mujer le describía su miedo. “Llámeme la próxima vez”, le estaba diciendo ahora, “y yo cuidaré que no vuelva a suceder”. Al día siguiente, Pérez presidió otro acto comunitario donde actuó nuevamente como el jefe político benévolo: pavos gratis y bolsas de comida para todos – cumplidos de una ciudad con una reserva de 3,8 millones de dólares y una de las mayores tasas de desempleo en el Condado de Los Ángeles. Estos acontecimientos resaltan la imagen de “sur de la frontera” de Cudahy. El Weekly aprendió que mientras los habitantes reciben estas donaciones nominales, los miembros de las pandillas obtienen los trabajos municipales. En Mayo del 2006, según un informe de arresto efectuado por la Policía de Maywood, un policía estaba intentando hacer que Robert García, empleado municipal de veinte años de antigüedad, se detuviera a un costado del camino, tras haberse metido en la entrada particular para autos de la casa de Pérez y comenzado a gritar: “¡George! ¡George! ¡George!” El policía que registró el auto de García, identificado en el informe como integrante de la pandilla de la Calle 18, encontró un cuchillo y menos de un gramo de meta, y le abrió un expediente por posesión de droga. García se declaró culpable y está recibiendo asistencia sobre consumo de drogas, de acuerdo a los informes del Despacho del Fiscal del Distrito. Pérez dice creer en las segundas oportunidades. Pero cuando el Weekly le pregunta si cree que debería considerarse responsable de las peligrosas condiciones en su ciudad, Pérez cuenta una anécdota que sugiere su incapacidad para hacerles frente. En Diciembre del 2005, el habitante de Cudahy Francisco López de 28 años fue baleado y asesinado, dice Pérez, hecho que impulsara a una mujer a criticar abiertamente a Pérez mientras su hijo, miembro activo de una pandilla, observaba la situación. Pérez, conociendo su complicidad con las pandillas, no dijo nada sobre la hipocresía de la mujer. Orgulloso, Pérez le dice al Weekly: “Al día siguiente, el hijo vino a agradecerme por no hacer pública su afiliación a la pandilla”. Otros encuentran indignante esta benévola actitud. “Eso es otorgarle poder a un gangster y decirle que lo que hace está bien”, dice la ex concejala Araceli González. Al mismo tiempo, Pérez mantiene relaciones cordiales con el Sr. Héctor Marroquín, miembro de la Pandilla de la Calle 18 quien, a pesar de auto-nominarse como un mediador entre pandillas, también se desempeña como ejecutor para la mafia mejicana, según documentos confidenciales obtenidos por el Weekly (Ver “Puentes Rotos”, L.A. Weekly, Diciembre 15-21, 2006). Pérez reconoce tímidamente su relación con este supuesto aliado de la mafia cuyo apodo es “Comadreja”. Marroquín es propietario de un bar llamado “Marroquin’s Deuces” sobre Atlantic Avenue  en Cudahy. Este mes, los carteles de campaña por los acomodados candidatos de siempre adornan la propiedad, escenario de un supuesto asalto en el año 2005 durante el cual Marroquin –según el informe del arresto – le advirtió a un cliente que le debía dinero:”Te estás metiendo con la mafia mejicana. Yo manejo todo lo de Cudahy”. El pasado mes de Marzo, la policía registró el bar y los edificios adyacentes con relación al robo en una propiedad, ya que sospechaba del hijo de Marroquín. La policía encontró municiones, drogas y literatura sobre pandillas. ¿Cuál fue la reacción Marroquín? Llamar al Jefe de la Ciudad Pérez. Pérez hace una pausa antes de aceptar que hizo un llamado telefónico al entonces Jefe de Policía de Maywood, Bruce Leflar, para acudir en ayuda de un dudoso asociado. “Siempre me preocupo cuando un comerciante en esta comunidad se siente acosado”, dice Pérez. Pérez busca torpemente las palabras para explicar por qué Marroquin´s Deuces – según los registros municipales-  no cuenta con un permiso de habilitación válido desde el año  2004: “Ignoro el tema", contesta.

 

Consultado sobre la escasa conciencia que la comunidad tiene sobre el bar de Marroquín, Pérez se encoge de hombros: “Efectivamente, hemos advertido que allí se refugia una cierta clase de sujetos”.

Una figura clave en las próximas elecciones es el Vice-Alcalde de Cudahy, Osvaldo Conde, propietario de un mercado de carnes y un negocio que se dedica a cambiar de cheques. Conde, aliado de Pérez en algunas oportunidades, parece llevar una doble vida. Cliente regular del Potrero Club, donde ingresa directamente sin preocuparse por deshacerse de los guardias de seguridad, Conde fue arrestado una madrugada del mes de Diciembre en Huntington Park por conducir alcoholizado, de acuerdo con la información suministrada por la policía de esta localidad. No fue registrado bajo el nombre de Osvaldo Conde sino de Osvaldo López. No se ha declarado culpable de estos cargos. Pero el Weekly se ha enterado que Conde posee dos fechas de nacimiento diferentes y dos números de Seguridad Social diferentes en los registros de sus licencias comerciales en Cudahy. Conde vive una parte del tiempo en Lynwood, cuatro millas al sur de Cudahy. No respondería ante la solicitud de una entrevista con el Weekly. Es difícil no lamentarse por Cudahy – esta pequeña ciudad plagada de pandillas y delitos ligados a la droga – donde no existe un interés aparente por parte de las autoridades locales, regionales o federales por acabar con ellos. Quienes observan la situación dicen que el gobierno no tomará acciones hasta que los habitantes no armen un escándalo lo suficientemente grande –como hicieron los habitantes de Maywood. “Los habitantes de Cudahy son inmigrantes e inquilinos, y lo único que desean es volver a su casa después de trabajar y disfrutar de un asado los fines de semana”, dice el Detective Gama, de la policía de L.A. “Hay buenas personas allí, pero no quieren desafiar a la autoridad”. La policía encargada de combatir la droga dice que muchos cargamentos de droga que cruzan la frontera mejicana hacen dos paradas en San Diego y se dirigen directamente a Cudahy. Los corredores de droga de Cudahy regresan desde Arizona y Texas, introduciendo armas nuevas en la comunidad, dice la policía. Mientras tanto, la Pandilla de la Calle 18 está involucrada en un violento conflicto con un grupo denominado Just Blazing It, y las pandillas de la Calle Clara y Cudahy 13 permanecen activas.   Es probable que nada cambie en Cudahy hasta que los funcionarios elegidos y el Jefe de la Ciudad Pérez asuman un enfoque diferente. Esta probabilidad es remota. Pérez está haciendo campaña a favor de los acomodados de siempre sobre quienes parece ejercer influencia –y garantiza la victoria del 6 de Marzo. “Ya hemos ganado”, declara. A la ex concejala Araceli González le preocupa que los advenedizos candidatos a concejales municipales Danny Cota y Luis García, considerados como contrincantes no para sus rivales de contienda sino para Pérez, no tengan una oportunidad porque se negaron a recaudar fondos para sus campañas.   García dice que no quiere deberle a nadie. Cota parece como si recién terminara de disfrutar la emoción de una elección. A pesar de las tácticas de matonería que asustaron a su amigo Tony Mendoza, Cota y García no se sienten intimidados.   No obstante, García confiesa que siente recelos sobre la vida en Cudahy. “Nuestros padres dejaron México para tener una vida mejor aquí”, dice, dando a entender que Cudahy no ha cumplido con las expectativas de ese sueño. González, que se marchó de Cudahy después que George Pérez asumiera como Jefe de la Ciudad, ha regresado. Dice que está interesada en enseñarle a la gente cómo hacerle frente a las intimidaciones. Pero también conoce sus limitaciones. Habiendo vivido durante muchos años en Cudahy, parece advertir las fuerzas oscuras en juego. “No tiene sentido perder la vida por algunas cosas”.

 

Newsletters

All-access pass to top stories, events and offers around town.

Sign Up >

No Thanks!

Remind Me Later >